El Perú sufrió una contundente derrota en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), que falló a favor de la empresa española Enagás, obligando al Estado peruano a pagar 302 millones de dólares, equivalentes a cerca de mil millones de soles, por la cancelación del contrato del Gasoducto Sur Peruano.
